Por Bruno Cortés
En medio del jaloneo político por la elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente Salas, salió a poner sobre la mesa una versión distinta: asegura que el proceso sí se hizo conforme a las reglas y dentro de los tiempos establecidos.
Desde su perspectiva, lo que ocurrió en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no fue improvisado ni irregular, sino el resultado de un acuerdo político entre las principales fuerzas. Y aquí es donde entra el tema de políticas públicas explicado en sencillo: cuando se tienen que tomar decisiones importantes —como nombrar a quienes van a organizar elecciones—, los partidos negocian hasta lograr un punto medio que permita avanzar sin frenar el funcionamiento institucional.
Puente lo plantea así: había vacantes que cubrir en el INE y no hacerlo implicaba dejar incompleto al órgano electoral. Por eso, dice, se priorizó sacar el acuerdo en tiempo, cuidando además un criterio clave en la administración pública actual: la equidad de género. El resultado fue una fórmula de dos mujeres y un hombre, algo que, según él, refleja ese equilibrio.
También reconoce algo que suele pasar en este tipo de decisiones: siempre habrá inconformidades. No todos los partidos quedan satisfechos, pero el objetivo —en teoría— es que el órgano funcione y cumpla con su responsabilidad. En este caso, organizar elecciones confiables para millones de ciudadanos.
Sobre la polémica por la ausencia de Movimiento Ciudadano en la votación, Puente baja el tono. Asegura que no hubo intención de excluir a nadie, sino una presión de tiempos. Traducido al lenguaje cotidiano: tenían que cerrar el acuerdo rápido para no frenar la sesión legislativa y todo lo que venía después en la agenda.
Incluso ofreció una disculpa directa a Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de MC, a quien describió como compañera y amiga. El gesto intenta suavizar un episodio que dejó claro que, dentro del Congreso, las decisiones no solo dependen de reglas, sino también de ritmos políticos y negociaciones contrarreloj.
El fondo del asunto es importante. Las consejerías del INE no son cargos decorativos: son piezas clave para que las elecciones se desarrollen con orden y credibilidad. Si el proceso para elegirlas se percibe como legítimo, el sistema gana estabilidad; si no, se abre la puerta a dudas que pueden pesar en futuras votaciones.
Así, mientras unos acusan falta de legitimidad y otros defienden la legalidad del proceso, lo que realmente está en juego es cómo se construyen los acuerdos en México y qué tan confiables resultan para la ciudadanía.