Por Bruno Cortés
En el Congreso, donde cada periodo deja más que solo votaciones, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué ya tiene claro cuál será su siguiente jugada política: irse a Oaxaca como delegado electoral del Partido Verde para empezar a construir desde ahora lo que será su estrategia rumbo a 2027.
Dicho en sencillo, lo que viene es operación política en territorio. Su tarea será armar una coalición local, revisar perfiles y elegir quiénes podrían competir por alcaldías, diputaciones locales y federales. Es el trabajo que no siempre se ve, pero que define quién aparece en la boleta cuando llegan las elecciones.
Mientras tanto, también adelantó que durante el receso legislativo acompañará en tareas políticas a Ricardo Monreal, una señal de que las alianzas y los movimientos dentro del Congreso siguen activos incluso cuando no hay sesiones.
Al hacer balance del periodo ordinario, Bolaños-Cacho lo resumió como intenso. Y no es para menos: en estos meses se discutieron temas que impactan directamente en la vida diaria, como la reforma en materia de feminicidio, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y ajustes al sistema electoral para hacer más eficiente el gasto en elecciones.
Desde su papel en la Mesa Directiva, destacó el trabajo encabezado por Kenia López Rabadán, asegurando que se logró mantener equilibrio político, escuchar a todas las fuerzas y privilegiar el diálogo. Traducido: evitar que el Congreso se convierta en un ring y, en cambio, funcione como espacio de acuerdos.
También dejó claro que está listo para lo que venga en el último año de la Legislatura. En política, eso significa estar disponible para nuevos cargos o responsabilidades, dependiendo de cómo se muevan las piezas dentro de su bancada y en la Cámara.
Sobre uno de los temas más delicados, el posible desafuero de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el diputado bajó el balón. Explicó que, para que eso ocurra, primero tendría que existir una solicitud formal de la Fiscalía y, hasta ahora, no hay nada en la Cámara de Diputados.
Eso sí, fue claro en algo: más allá de si hay o no proceso, el caso amerita explicaciones. Señaló que no se puede justificar una posible violación a la ley bajo el argumento de combate al narcotráfico, especialmente cuando se habla de la presencia de agentes extranjeros operando en territorio mexicano.
En términos de política pública, lo que plantea es sencillo pero relevante: cualquier acción de seguridad debe apegarse a la ley y rendir cuentas. Porque si no hay claridad en cómo se toman esas decisiones, se abre la puerta a abusos o a conflictos institucionales.
Así, entre el cierre del periodo legislativo y el arranque de la operación rumbo a 2027, Bolaños-Cacho se mueve en dos pistas: la institucional, dentro del Congreso, y la electoral, en territorio. Dos caras de la política que, al final, siempre terminan conectándose.
