Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este miércoles, durante su conferencia matutina, que la prioridad gubernamental en el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) es la protección de los derechos laborales. La siderúrgica, que enfrenta un pasivo superior a los 61 mil millones de pesos, mantiene a miles de familias en incertidumbre tras el cese de sus operaciones.
El caso, que actualmente se dirime en tribunales bajo la figura de concurso mercantil, presenta un bloqueo administrativo derivado de la postergación de resoluciones por parte de la jueza encargada. Según la mandataria, el Poder Judicial ha retrasado las definiciones necesarias, afectando directamente los tiempos de liquidación legal conforme a la ley.
AHMSA representaba una cuota significativa de la producción nacional de acero, siendo un pilar económico para la región de Coahuila. El impacto financiero no solo abarca a los trabajadores, sino también adeudos cuantiosos con entidades paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales forman parte de la masa de acreedores.
La Secretaría del Trabajo, bajo la titularidad de Maruch Bolaños, mantiene una interlocución constante con los representantes de los empleados. La instrucción presidencial es clara: en cualquier escenario de resolución judicial o reestructuración empresarial, el cumplimiento de las obligaciones patronales es la condición innegociable.
El Gobierno Federal busca incentivar el sector siderúrgico nacional mediante nuevos acuerdos, sin embargo, el caso AHMSA se mantiene como un precedente de las consecuencias de la corrupción. La administración busca que, independientemente del proceso judicial, la planta productiva pueda eventualmente ser reactivada.
El Poder Judicial mantiene la última palabra sobre el destino de los activos de la empresa. Mientras tanto, el compromiso de la oficina de la Presidencia es persistir en la exigencia de que el orden de prelación en los pagos favorezca siempre a la fuerza laboral de Monclova.
La resolución del caso es un indicador de la capacidad del Estado para intervenir en la protección de los trabajadores frente a procesos de quiebra corporativa a gran escala. Se espera que, tras la presión del Ejecutivo, el proceso judicial retome un cauce que priorice la estabilidad de los ex-empleados.
