Por Juan Pablo Ojeda
La estadística oficial entregada por el INEGI al cierre del primer trimestre de 2026 presenta una paradoja común en la sociología política mexicana: una mejora constante en la reducción de delitos de alto impacto contra una población que, en su mayoría, continúa sintiéndose vulnerable. El 61.5% de inseguridad reportado es una cifra que, aunque favorable en comparación al año previo, sigue siendo el principal reto político para el gobierno actual.
La caída del 41% en la tasa de homicidios durante los primeros 18 meses de la presidencia de Sheinbaum es un dato estadístico duro que no puede ser ignorado. El tránsito de 86.9 asesinatos diarios en 2024 a 51.4 en marzo de 2026 representa una transformación significativa en el panorama de la seguridad nacional, producto de un cambio de paradigma hacia la inteligencia policial.
No obstante, la ENSU revela que la inseguridad urbana tiene matices geográficos profundos. Municipios de gran peso económico y turístico como Zapopan y Puerto Vallarta presentan niveles de preocupación que superan el promedio nacional, reflejando el impacto directo que tiene el combate al crimen organizado sobre la vida cotidiana en ciertas regiones.
La persistente diferencia en la percepción entre mujeres y hombres es un tema que requiere un análisis más allá de los números. Mientras el combate al narcotráfico es una prioridad central, la percepción de inseguridad femenina suele estar vinculada a delitos del fuero común y violencia de género, factores que a veces quedan diluidos en la estrategia de seguridad nacional centralizada.
El respaldo ciudadano hacia las instituciones militares y navales, que supera el 85%, es un fenómeno que ha caracterizado al México reciente. La Guardia Nacional, con un 78% de confianza, se ha consolidado como un actor indispensable en la estrategia de presencia territorial que el gobierno de Sheinbaum ha impulsado en coordinación con las entidades federativas.
Desde la academia, la estrategia de «inteligencia y presencia territorial» es vista como un avance técnico necesario, pero insuficiente para lograr la tranquilidad social completa. La persistencia de una percepción de inseguridad por encima del 60% sugiere que la ciudadanía aún espera ver una mayor eficacia en el combate a la extorsión y los delitos menores que impactan su bolsillo y su integridad.
El Ejecutivo tiene ante sí un escenario de éxito medible, pero no necesariamente percibido. El reto para la segunda mitad del sexenio será traducir los resultados positivos en homicidios hacia una sensación de paz pública que sea palpable, especialmente en los municipios donde la violencia del pasado reciente aún resuena con fuerza.
