Por Juan Pablo Ojeda
La actuación de la ministra Lenia Batres Guadarrama en la Suprema Corte ha vuelto a generar cuestionamientos sobre su congruencia y defensa de los intereses ciudadanos. Mientras el pleno votó a favor de que el IMSS proporcione lentes y prótesis a menores de edad, Batres se opuso argumentando la protección de las finanzas del Estado, una postura que críticos califican de selectiva.
Analistas y líderes de opinión señalaron la contradicción entre este voto y resoluciones previas de la ministra. Marco Levario Turcott, director de Etcétera, recordó que Batres avaló anteriormente frenar el cobro de una deuda de 5.8 mil millones de pesos al ISSSTE, institución dirigida por su hermano, Martí Batres, mientras que ahora niega recursos para dispositivos médicos infantiles.
La postura de la «Ministra del Pueblo» fue criticada por priorizar la estabilidad financiera de la institución por encima del acceso directo a la salud de grupos vulnerables. Los periodistas Manuel López San Martín y Rubén Cortés coincidieron en que este voto alinea a la ministra con una visión estatal burocrática más que con las necesidades sociales que dice defender.
Desde su designación directa por el Ejecutivo en 2023, la trayectoria de Batres ha estado marcada por la cercanía con el partido Morena. Su comportamiento en el pleno, que incluye choques con la ministra presidenta Norma Piña y el uso de recursos públicos para giras proselitistas en 2024, ha minado su imagen de imparcialidad judicial.
La controversia se suma a un historial de errores técnicos y enfrentamientos públicos con empresarios y colegas. En esta ocasión, su negativa a respaldar la entrega de implantes cocleares y órtesis externas para niños derechohabientes del IMSS e ISSSTE es vista como una defensa técnica del erario a costa del bienestar social.
La resolución de la Corte, sin embargo, prevaleció. La mayoría de los ministros determinó que el derecho a la salud no es una concesión sujeta a la disponibilidad de efectivo, sino una obligación que el Estado debe cumplir mediante una administración eficiente y libre de exclusiones discriminatorias.
El escrutinio sobre Batres se intensifica de cara a la elección judicial de 2025. Su historial de votos, que frecuentemente favorece la agenda gubernamental o la protección de presupuestos oficiales sobre los derechos individuales, será un factor determinante en la percepción pública de su desempeño en la máxima tribuna del país.
