Durante el ejercicio cívico realizado en enero de 2026, 66 participantes debatieron en tribuna temas que impactan directamente su vida cotidiana. A través de intervenciones estructuradas, las y los menores plantearon soluciones que van desde la regulación del acceso a plataformas digitales hasta el fortalecimiento de la atención psicológica en escuelas.
Uno de los planteamientos más relevantes fue el de restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años. La propuesta, impulsada por un participante de 12 años, argumenta que la exposición temprana a estas plataformas fomenta el sedentarismo, la dependencia digital y conductas impulsivas, lo que coincide con advertencias emitidas por organismos especializados en salud mental infantil.
En paralelo, el bullying fue señalado como una problemática persistente dentro y fuera de las aulas. Una participante de 11 años subrayó la necesidad de ampliar los servicios de apoyo psicológico en escuelas públicas, no solo para atender a las víctimas, sino también para identificar factores familiares y sociales que originan conductas agresivas.
El contexto respalda estas preocupaciones. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indican que los casos de ciberacoso aumentaron 34% durante 2025, con una alta incidencia en plataformas digitales. Asimismo, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta la atención mensual de alrededor de 20 incidentes vinculados a grupos que promueven el acoso en línea.
Además del entorno digital, la pobreza extrema y la inseguridad urbana fueron abordadas como factores que limitan el desarrollo integral de la niñez. Las y los parlamentarios señalaron que estas condiciones afectan el acceso a educación, espacios seguros y oportunidades de desarrollo, por lo que demandaron políticas públicas más focalizadas y evaluables.
Este ejercicio no es aislado. Antecedentes como el Parlamento de la Niñez 2024 ya habían puesto énfasis en temas como ciberseguridad y participación infantil, lo que refleja una preocupación sostenida entre este sector poblacional. Sin embargo, especialistas advierten que la repetición de diagnósticos sin implementación efectiva de soluciones evidencia rezagos institucionales.
Autoridades del Congreso capitalino señalaron que las propuestas serán canalizadas a comisiones legislativas para su análisis. No obstante, hasta el momento no se han detallado mecanismos claros para garantizar que estas iniciativas se traduzcan en políticas públicas concretas, lo que abre cuestionamientos sobre el alcance real de estos ejercicios de participación.
En este contexto, las voces infantiles no solo visibilizan problemáticas, sino que también plantean soluciones prácticas que, de ser atendidas, podrían fortalecer la agenda de derechos de la niñez en la capital. El reto, coinciden organizaciones civiles, radica en transformar estas propuestas en acciones medibles y sostenibles.
