El Congreso de la Ciudad de México dio trámite a una iniciativa de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México que busca establecer límites al incremento de rentas y fortalecer políticas públicas de vivienda asequible, en medio de un contexto marcado por el encarecimiento habitacional y la presión inmobiliaria en diversas zonas de la capital.
Durante sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, informó que el proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, así como a la Comisión de Vivienda, donde será analizado y dictaminado antes de su eventual discusión en el pleno.
La propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, plantea incorporar en la Constitución local que el aumento de las rentas no podrá exceder la inflación, con el objetivo de evitar prácticas especulativas en el mercado inmobiliario. Este punto se perfila como uno de los ejes más sensibles del debate, al implicar una posible intervención directa en la dinámica de precios del arrendamiento.
El documento también establece la obligación del gobierno capitalino de diseñar e implementar una política integral que incremente la oferta de vivienda social y asequible, incluyendo mecanismos claros de acceso. No obstante, especialistas han advertido en distintos foros que el reto no solo radica en ampliar la oferta, sino en garantizar su viabilidad financiera y operativa a largo plazo.
Otro de los componentes centrales de la iniciativa es la creación de políticas públicas orientadas a mitigar los efectos de la gentrificación, fenómeno que —según el propio documento— ha provocado el desplazamiento de más de 20 mil familias debido al encarecimiento de la vivienda, así como de bienes y servicios en zonas urbanas de alta demanda.
La reforma también contempla la creación de una institución pública encargada de promover y defender los derechos en las relaciones entre arrendadores e inquilinos, así como el reconocimiento constitucional del derecho al arraigo vecinal y comunitario, con el fin de preservar los vínculos sociales y territoriales de los habitantes.
De acuerdo con datos incluidos en la iniciativa, en los últimos 25 años el promedio de hogares sin acceso a vivienda en la capital se ha mantenido en alrededor de 42 mil, lo que se atribuye al rezago en políticas de vivienda social en etapas de crecimiento urbano acelerado. Esta situación, señala el documento, afecta de manera particular a jóvenes y grupos prioritarios, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a vivienda digna.
Aunque la administración capitalina sostiene que la reforma podría representar un “parteaguas” en la garantía del derecho a la ciudad, su implementación plantea desafíos técnicos, legales y económicos que deberán ser discutidos en el proceso legislativo. Entre ellos destacan la posible reacción del mercado inmobiliario, la regulación efectiva de contratos y la capacidad institucional para hacer cumplir las nuevas disposiciones.
El avance de esta iniciativa será seguido de cerca tanto por organizaciones civiles como por actores del sector inmobiliario, en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los temas más urgentes de la agenda pública en la capital del país.
