Por Bruno Cortés
En el corazón de la Cámara de Diputados, donde se supone que cada decisión debe pasar por acuerdos claros y reglas compartidas, algo no cuadró. La diputada Ivonne Ortega Pacheco, quien coordina a Movimiento Ciudadano, levantó la voz tras quedar fuera —literalmente— de una votación clave para definir a las nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral.
Lo que estaba en juego no era menor. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) es el espacio donde los grupos parlamentarios negocian y acuerdan decisiones antes de que lleguen al Pleno. Es, en pocas palabras, la antesala del poder legislativo real. Ahí se cocinan los acuerdos políticos que luego se formalizan frente a todos.
Según Ortega, el proceso simplemente no respetó lo acordado. La versión que da es sencilla pero delicada: se había pactado un receso y un tiempo específico para retomar la sesión, pero mientras ella y parte de su equipo no estaban presentes —algunos en oficinas, otros en comisiones—, la votación arrancó sin avisarles. Cuando se enteraron, ya se estaba decidiendo.
Esto, más allá de un reclamo personal, abre una discusión importante sobre cómo funcionan las reglas internas del Congreso. Porque en teoría, las decisiones deben construirse con la participación de todas las fuerzas políticas. Cuando eso no ocurre, no solo se rompe la confianza entre partidos, también se debilita la legitimidad de lo que se decide.
Ortega fue clara en algo: su inconformidad no es tanto por los perfiles que integran la terna, sino por las formas. Y en política, las formas importan más de lo que parece. Son las que garantizan que el proceso sea transparente, incluyente y, sobre todo, creíble para la ciudadanía.
El detalle de las “tres sillas vacías” que menciona no es menor. Refleja una ausencia que, desde su perspectiva, debió haber frenado la votación. Porque si no están todos los actores clave en la mesa, ¿realmente se puede hablar de un acuerdo político completo?
Este episodio también deja ver cómo, en la práctica, las decisiones dentro del Congreso pueden acelerarse o modificarse dependiendo de las correlaciones de fuerza. Y ahí entra el tema de políticas públicas: quienes integren el consejo del INE serán responsables de organizar elecciones, vigilar su legalidad y garantizar que el voto ciudadano cuente. Es decir, impacta directamente en la calidad de la democracia.
Cuando un nombramiento de ese nivel se percibe como apresurado o poco transparente, el mensaje hacia afuera no es el mejor. La ciudadanía puede interpretar que los acuerdos se toman entre pocos o que las reglas cambian sobre la marcha.
Al final, lo que está en juego no es solo una votación interna, sino la confianza en las instituciones. Y esa, una vez que se pierde, cuesta mucho recuperarla.