Por Juan Pablo Ojeda
Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció este miércoles a la titularidad de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, en medio de una crisis administrativa provocada por la incursión no autorizada de agentes estadounidenses en instalaciones estatales. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la dimisión la noche del 13 de mayo de 2026, notificando simultáneamente el inicio de un procedimiento administrativo contra el exfuncionario por presuntas omisiones en el ejercicio de su cargo.
La investigación interna se detonó tras la revisión de grabaciones de los puntos de vigilancia que operaron entre el 16 y el 19 de abril de 2024. Según los registros de video, cuatro personas de nacionalidad extranjera, vestidas de civil y sin identificaciones oficiales, se integraron a un convoy de seguridad local que partió de la ciudad de Chihuahua con destino al municipio de Morelos para desmantelar un laboratorio de narcóticos.
Los datos técnicos revelan que no existió una solicitud formal de autorización ni informes previos hacia los mandos superiores sobre la incorporación de estos civiles al despliegue táctico. La unidad de inteligencia detectó un patrón de convivencia informal entre los ciudadanos extranjeros y altos mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), lo que constituye una vulneración de los protocolos de seguridad institucional.
El reporte administrativo detalla que el incidente escaló el 19 de abril, cuando un accidente vial en el trayecto de regreso resultó en la muerte de dos supuestos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la AEI. Este evento expuso la presencia de personal no acreditado en labores de campo, forzando la intervención de la Unidad Especializada de la Fiscalía para auditar el operativo.
Wendy Chávez, titular de dicha unidad, precisó que las personas identificadas no portaban uniformes tácticos ni insignias de la corporación local. El análisis forense de los videos permitió corroborar que el grupo extranjero tuvo acceso irrestricto a las áreas restringidas de la Fiscalía antes de la ejecución del operativo en la zona de la sierra.
Hasta el momento, la representación diplomática de Estados Unidos en México y el Instituto Nacional de Migración (INM) no han emitido una respuesta formal a los requerimientos de información solicitados por el estado de Chihuahua. La falta de registro migratorio o diplomático de los implicados ha complicado la clasificación legal de su presencia en el operativo antidrogas.
La salida de Zuany Portillo ocurre en un momento de reestructuración para la FGE, que busca blindar sus procedimientos ante posibles infiltraciones externas. El procedimiento administrativo determinará el grado de responsabilidad del exfiscal en la custodia de las instalaciones y el cumplimiento de los tratados de cooperación internacional vigentes.
