Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intervenido en la disputa fiscal entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con una votación de seis a uno, el alto tribunal ordenó a un tribunal colegiado realizar un recálculo sobre un crédito fiscal que asciende a 5,810 millones de pesos.
La cifra en disputa corresponde a impuestos prediales, nómina y agua acumulados entre 2009 y 2013. El desglose anual revela montos significativos: 998.2 millones en 2009, 1,064.3 en 2010, 1,123.5 en 2011, 1,520.8 en 2012 y 1,103.9 en 2013, los cuales el erario capitalino buscaba recuperar íntegramente.
El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, sostiene que los inmuebles del ISSSTE poseen naturaleza de dominio público. Según el artículo 122 constitucional, dicha condición los exime de contribuciones locales. La SCJN ha determinado que corresponde a la autoridad fiscal probar la naturaleza de cada inmueble, revirtiendo la carga de la prueba que antes recaía en el instituto.
El impacto financiero es considerable: el monto reclamado equivale al presupuesto anual del Senado para 2026 y representa aproximadamente el 20% de la recaudación anual por predial en la capital. La resolución busca evitar un escenario de insolvencia técnica para el instituto.
Durante la sesión, la ministra Batres advirtió que el cobro forzoso pondría al ISSSTE «al borde de la quiebra», afectando directamente servicios de salud, pensiones y prestaciones sociales. La votación se mantuvo firme tras el rechazo de la ministra a retirar el proyecto, a pesar de la solicitud del presidente del tribunal.
La única postura disidente fue la de la ministra María Estela Ríos González, quien argumentó improcedencia procesal debido a que el recurso del ISSSTE fue presentado fuera de los plazos legales establecidos. Sin embargo, su argumento no logró detener la mayoría calificada del Pleno.
El fallo obliga al tribunal colegiado a emitir una nueva sentencia bajo los criterios constitucionales expuestos, lo que anticipa una reducción sustancial de la deuda. La resolución mantiene en suspenso los ingresos que el gobierno capitalino proyectaba para sus arcas públicas.
