Claudia Sheinbaum avala indagar contrato de 13 mil millones en Aguascalientes
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, validó el seguimiento institucional a las investigaciones por presuntas irregularidades financieras en el estado de Aguascalientes, relacionadas con un contrato plurianual de 13 mil millones de pesos. El acuerdo, suscrito en el año 2020 por la entonces alcaldesa capitalina y actual gobernadora, María Teresa Jiménez Esquivel, compromete participaciones presupuestales federales y municipales por un periodo proyectado de 25 años con la persona moral Next Energy. La jefa del Ejecutivo federal especificó que el deslinde de responsabilidades técnicas se mantiene bajo la jurisdicción de los órganos fiscalizadores y ministeriales.
El expediente financiero detalla que el instrumento contractual fue diseñado para el financiamiento de un proyecto de infraestructura energética que, a seis años de su formalización jurídica, no registra avance material ni inicio de operaciones. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) clasificaron las cláusulas financieras del documento bajo la categoría de acuerdo «leonino», debido al riesgo de insolvencia y endeudamiento sistémico que impone a las finanzas públicas de las demarcaciones involucradas. El esquema normativo afecta las transferencias de fondos federales etiquetados para el desarrollo social.
Ante el desglose de los indicadores de afectación presupuestal expuestos en la conferencia ejecutiva de Palacio Nacional este 20 de mayo de 2026, la mandataria federal precisó los mecanismos de operación de los sistemas nacionales de fiscalización. El diseño institucional del Estado mexicano contempla dos vías independientes para el procesamiento de observaciones presupuestales: la vertiente administrativa, coordinada por la Secretaría Anticorrupción y el Buen Gobierno en conjunto con la ASF, y la ruta penal, cuya conducción compete a los ministerios públicos.
La vía administrativa opera mediante auditorías de cumplimiento financiero que otorgan plazos legales para la solventación de pliegos de observaciones por parte de los funcionarios señalados. En caso de que las pruebas de descargo no justifiquen el destino de las partidas presupuestales, las sanciones contemplan la inhabilitación para el servicio público y el inicio de juicios de resarcimiento económico. Este procedimiento busca recuperar los montos observados antes de proceder al ejercicio de la acción penal ante los tribunales de control.
Por su parte, el partido oficialista Morena mantiene radicada una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2022, expediente que permanece en la etapa de integración de pruebas periciales contables. La mandataria subrayó que corresponde exclusivamente al Ministerio Público de la Federación informar sobre las conclusiones del caso y determinar si los elementos probatorios configuran delitos tipificados en el Código Penal Federal, tales como el ejercicio ilícito de atribuciones y facultades.
La coyuntura administrativa coincide con un escenario de alta exposición política para el gobierno de Aguascalientes, derivado de la reciente visita oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante dicho encuentro diplomático, el Poder Legislativo local otorgó a la funcionaria española la Medalla al Mérito Cívico, un acto que concentró el escrutinio público sobre las alianzas partidistas de la administración estatal de extracción panista y sus prioridades de agenda presupuestal.
El desenlace de las auditorías en curso condicionará la distribución de participaciones federales para Aguascalientes en los próximos ejercicios fiscales. El marco normativo de la Ley de Coordinación Fiscal faculta al Gobierno Federal a retener los fondos en garantía si se comprueba un desvío hacia fideicomisos privados no ejecutados, estableciendo un precedente en la supervisión de contratos de asociación público-privada a nivel subnacional.