El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, formalizó este miércoles una acusación criminal contra el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional. El expediente vincula al legislador con la importación masiva de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Los datos técnicos de la investigación señalan que Inzunza, quien fungió como secretario general de Gobierno de Sinaloa, habría utilizado su posición institucional para facilitar la logística del Cártel de Sinaloa. El pliego de cargos identifica una estructura de protección que permitía el libre tránsito de cargamentos de droga hacia la frontera norte.
De acuerdo con el documento judicial, se le imputa el cargo de conspiración de narcotráfico, derivado de una supuesta colaboración directa con la facción de «Los Chapitos». Las autoridades de EUA sostienen que el grupo de funcionarios involucrados recibió sobornos millonarios a cambio de garantizar la impunidad de la organización criminal.
El historial profesional de Inzunza incluye su paso como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, posición que, según la fiscalía neoyorquina, habría sido clave para establecer la red de corrupción institucional. La acusación detalla que la información sensible sobre operativos militares era filtrada a los líderes del cártel de manera sistemática.
En respuesta a estos señalamientos, el senador publicó un mensaje en sus redes sociales donde calificó las imputaciones como «falsas y dolosas». Inzunza aseguró que la investigación es una acción causal por parte de las autoridades extranjeras y rechazó firmemente cualquier nexo con grupos delictivos.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha sido el escenario de otros juicios de alto perfil contra políticos mexicanos, lo que otorga a este caso un peso estadístico relevante en las métricas de procuración de justicia binacional. La fiscalía estima que la red de protección operó durante al menos tres años consecutivos.
El proceso legal internacional se encuentra en su fase inicial de registro de evidencias. Mientras tanto, el escaño de Inzunza en el Senado de la República permanece activo, aunque la presión diplomática podría forzar una revisión de su fuero constitucional en las próximas semanas.
