Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública este miércoles 29 de abril de 2026 una acusación formal contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los cargos incluyen conspiración para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos, además de posesión de armas de fuego vinculadas al narcotráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la red de presunta complicidad involucra también al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador Enrique Inzunza Cázarez y al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra. La tesis de la fiscalía estadounidense sostiene que estos funcionarios facilitaron la logística operativa del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y beneficios económicos.
Rubén Rocha Moya respondió de forma inmediata a través de un comunicado técnico, calificando las imputaciones como carentes de veracidad y fundamento legal. El mandatario estatal aseguró que demostrará su inocencia en el momento oportuno, rechazando categóricamente cualquier vínculo con la facción delictiva mencionada en el documento de 10 páginas divulgado por Nueva York.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
La investigación técnica de las autoridades estadounidenses apunta a que los señalados habrían proporcionado protección institucional para evitar investigaciones, detenciones e imputaciones contra líderes de la organización criminal. Este esquema de protección habría permitido el flujo constante de narcóticos sintéticos a través de las rutas controladas por el estado de Sinaloa hacia la frontera norte.
En términos de procedimiento, la acusación representa una escalada en la aplicación de la ley extraterritorial de EE.UU. El sistema de justicia neoyorquino fundamenta sus cargos en evidencia recolectada durante meses de seguimiento a las transacciones y comunicaciones de la estructura política sinaloense, lo que anticipa un proceso judicial de alta complejidad técnica.
El impacto administrativo en el gobierno de Sinaloa es inmediato, con una parálisis operativa en las áreas de seguridad y justicia representadas por los acusados. La operatividad del vicefiscal Castro Saavedra y del alcalde Gámez Mendívil queda sujeta a los mecanismos de control interno y a la presión internacional derivada del anuncio de la Fiscalía estadounidense.
Finalmente, el documento judicial subraya que la conspiración tenía como objetivo principal el tráfico de fentanilo, sustancia que actualmente es la prioridad número uno en la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos. La cuantificación de los cargamentos supuestamente protegidos por los funcionarios mexicanos se estima en toneladas durante el periodo investigado.
