La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció este miércoles 29 de abril de 2026 la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Se les imputan delitos de tráfico de drogas y crímenes conexos relacionados con armas de fuego.
De acuerdo con el documento judicial, los 10 acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento.
En el caso específico del excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, de 35 años, la acusación añade el delito de secuestro con resultado de muerte, el cual conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
El expediente también detalla una red de transacciones financieras ilícitas. En conjunto, los acusados habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico. Entre los señalados, Dámaso Castro Zaavedra, de 54 años y subprocurador general de la Fiscalía estatal, presuntamente recibía alrededor de 11 mil dólares mensuales. Por su parte, Valenzuela Millán habría obtenido más de mil 600 dólares al mes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.
A cambio de estos pagos, los funcionarios habrían proporcionado recursos operativos del Estado, incluyendo información confidencial de carácter militar y policial para facilitar actividades delictivas. Según la acusación, se giraron órdenes a corporaciones como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación y la Policía Municipal de Culiacán para brindar protección a cargamentos de droga, tanto en centros de almacenamiento como en su traslado hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses señalan que estas acciones tuvieron consecuencias letales. Alrededor de octubre de 2023, Valenzuela Millán presuntamente facilitó recursos policiales para secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar. Ambos habrían sido torturados y asesinados bajo la sospecha de colaborar con el gobierno estadounidense.
El documento también establece una relación temporal entre estas actividades y el mandato del gobernador. Rocha Moya asumió el cargo el 1 de noviembre de 2021 y, según la acusación, la facción de “Los Chapitos” habría intervenido en el proceso electoral mediante intimidación y secuestro de adversarios políticos para favorecer su victoria. Asimismo, se señala que antes y después de los comicios, el mandatario habría sostenido reuniones en las que ofreció protección a la organización criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Esta acusación forma parte de una estrategia más amplia del Distrito Sur de Nueva York que, desde 2023, ha procesado a más de 30 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con agencias de inteligencia, los 10 acusados se encontrarían actualmente en México.
