La legisladora Kenia López Rabadán denunció ante los medios de comunicación un uso faccioso del sistema legal tras las amenazas de juicio político proferidas por el bloque oficialista en el Senado. El conflicto surge a raíz de la gestión de una crisis de seguridad en Chihuahua, donde el hallazgo de un centro de producción de drogas ha derivado en una confrontación de poderes.
Para la legisladora, el intento de remover a la mandataria estatal carece de sustento jurídico sólido y se enmarca en una estrategia de «linchamiento mediático». Según su análisis, las instituciones de justicia no deben utilizarse como herramientas de castigo contra opositores políticos que están cumpliendo con el mandato constitucional de combatir el crimen organizado.
López Rabadán subrayó que ocultar información a una titular del ejecutivo estatal constituye una falla grave en el protocolo de seguridad nacional. La falta de comunicación institucional entre la federación y el estado sugiere, bajo su óptica, una negligencia deliberada que pone en riesgo la vida de los ciudadanos y de los agentes encargados de los operativos.
En términos de transparencia, la diputada cuestionó por qué los ataques se centran en la gobernadora y no en las autoridades municipales que debieron detectar la operación del laboratorio en su jurisdicción. Este enfoque selectivo de la justicia, afirma, es un retroceso para el Estado de Derecho y la rendición de cuentas equilibrada en México.
La defensa del federalismo es un punto central en el discurso de López Rabadán. Argumenta que el asedio político desde el centro del país vulnera la autonomía de los estados y crea un precedente peligroso donde la eficacia en el combate al narcotráfico es castigada en lugar de ser respaldada por el gobierno federal.
Respecto al juicio político, la legisladora recordó que los procesos de remoción de funcionarios deben basarse en violaciones graves a la Constitución y no en desacuerdos sobre tácticas de seguridad. El uso de la mayoría legislativa para impulsar estos procesos es visto como una táctica de presión en un año electoral determinante para la nación.
El balance entre la libertad de acción de un gobernador y la supervisión federal es el núcleo de este conflicto legal. La postura de López Rabadán es clara: la prioridad jurídica debe ser el procesamiento de los delincuentes capturados y no la desestabilización administrativa de un gobierno que reportó resultados operativos contundentes.
