Por Juan Pablo Ojeda
Mientras indicadores como el homicidio doloso registran descensos, la extorsión se consolida como el único delito de alto impacto con crecimiento sostenido en México. De acuerdo con el cuadernillo “Extorsión en México” de la Universidad Iberoamericana, las carpetas de investigación pasaron de 5 mil 803 en 2015 a 9 mil 357 en 2025, un incremento acumulado del 61.2%.
La magnitud del fenómeno es, sin embargo, significativamente mayor a lo reportado oficialmente. Se estima que entre el 96% y 97% de los eventos no se denuncian, lo que implica que las más de 9 mil carpetas abiertas en 2025 representan apenas el 3% de la victimización real. La tasa nacional se ubicó el año pasado en ocho casos por cada 100 mil habitantes.
El desglose técnico revela que la modalidad telefónica concentra el 84.1% de la incidencia, mientras que la presencial abarca el 15.2%. Pese a su menor volumen, la extorsión presencial muestra una efectividad superior para concretar pagos ilícitos, apoyada en el uso de armas de fuego en el 40% de los casos registrados.
En el sector corporativo, el delito alcanzó en 2023 una tasa de mil 562 eventos por cada 10 mil unidades económicas. Las micro y pequeñas empresas son las más vulnerables ante el costo promedio por evento, el cual se calcula en 8 mil 967 pesos, mermando la rentabilidad y estabilidad del comercio local.
El análisis de la Iberoamericana distingue entre extorsiones oportunistas y sistemáticas. Estas últimas, conocidas como «cobro de piso», establecen relaciones de control prolongadas sobre territorios específicos, donde grupos criminales regulan la actividad económica mediante amenazas periódicas y coacción directa.
A pesar de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en 2025, que incluye la persecución de oficio y unidades especializadas, la respuesta institucional enfrenta el reto de la desconfianza. El miedo a represalias y la percepción de ineficacia en los ministerios públicos inhiben la denuncia formal.
Expertos advierten que el endurecimiento legislativo es insuficiente sin una mejora en las capacidades de investigación. La tendencia al alza del delito subraya la necesidad de una política pública integral que logre reducir la brecha entre la incidencia real y la acción de la justicia.
